Los K sobreviven a fuerza de manotazos – primero el de las reservas; ahora, los manotazos de ahogado. La última maniobra del matrimonio ha sido transformar el decretazo sobre las reservas en un proyecto de ley con la firma del senador pampeano Verna. Se trata de una concesión a los opositores ‘destituyentes’ que se han opuesto a los DNU y reclamado, en su lugar, el debate de una ley. El recule del gobierno es manifiesto y hasta descarado: hasta ahora se había negado a enviar un proyecto de ley por temor a que fuera modificado en el Congreso. Como esto es lo que va a ocurrir inevitablemente, los K decidieron mantener la vigencia del DNU, o sea recular extorsionando. Además, siempre tienen el recurso de vetar una ley que no les sea favorable. La nueva maniobra genera una serie de ramificaciones que resulta embrollado desenroscar. Por ejemplo, hay que ver si el acuerdo de los K con los senadores pampeanos incluye el voto favorable de estos al DNU en caso de que el proyecto de ley no prospere o sea modificado (en Diputados). En este caso, el gobierno podría imponer el DNU con la sola aprobación del Senado. Pero antes de que esto ocurra, el debate del proyecto de ley podría prolongarse y generar una ampliación de la base del frente opositor –por ejemplo, si introduce en el proyecto cláusulas que mejoren la coparticipación federal de impuestos para las provincias. El gobierno vería achicada su base de sustentación al extremo de la incapacidad de seguir gobernando. Las reservas, que todo el mundo descuenta que van a crecer debido a la previsión de un gran superávit comercial en 2010, se han convertido en una gran piñata. Son el último recurso disponible para rescatar de la quiebra al Estado y a numerosos capitalistas. Si los K advierten que van a una muerte lenta en 2011, es muy probable que decidan morir de pie; según Clarín y según Crítica, la Presidenta le habría confiado al gobernador de Misiones su intención de adelantar las elecciones para Ejecutivo. Aunque ésta es, con toda probabilidad, una versión interesada que han hecho circular los K, no queda menos que advertir que el legado de Duhalde –presentar la renuncia con anticipación a su efectiva ejecución– ha hecho escuela.
Crisis fiscal
En esta crisis, sin embargo, hay mucho más para cortar. La Presidenta, en el discurso ante el Congreso, confesó que el déficit financiero para 2010 es de 55 mil millones de pesos (15 mil millones de dólares). Habría sido benévola en el cálculo, por lo menos para aquellos que elevan el agujero a 90 mil millones de pesos (24 mil millones de dólares). Sea como fuere, este reconocimiento significa que es necesario rediscutir el Presupuesto para 2010, que fuera alegremente dibujado por el Congreso en noviembre pasado (cuando los K aún tenían mayoría).
Este hecho pone el manotazo a las reservas en otra perspectiva, porque resultaría que la suma prevista no alcanzaría para cerrar el déficit; habría que manotear más o proceder a un recorte de gastos o aumento de impuestos. El déficit financiero de la Tesorería anuncia manotazos aún más groseros contra la Anses. O sea que cuando los alcahuetes de los K justifican el manotazo para evitar el ajuste, están ocultando que el gobierno necesita hacer (y pretende hacer) lo uno y lo otro. La única forma de evitarlo sería recurrir a un financiamiento externo elevado, que es la clave para entender lo que está ocurriendo. Por el monto y los plazos, la deuda pública de Argentina (50% a un plazo promedio de diez años) ofrece una gran posibilidad de incremento, cuando se la compara con Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia, España e incluso Alemania –donde es del 120 al 70% del PBI, y aún el doble de eso si incluye a la deuda privada externa, a plazos que van de cuatro a siete años. Argentina ofrece, además, la carnada de una deuda que podría valorizarse rápido a partir de sus bajos niveles actuales. Frente a este cuadro, Argentina es todavía una oportunidad financiera para la banca internacional –por eso el banco JP Morgan-Chase llamó a invertir en títulos argentinos y él mismo realizó una compra millonaria. Se trata, claro, de una oportunidad de corto plazo, que es el modo de operación de la banca internacional en el cuadro de su propia bancarrota. Los capitalistas instalados en Argentina adoran esta posibilidad, porque están escasos de capital de trabajo y el costo del crédito interno es elevado. Para hacerla corta: la burguesía nacional e internacional apoya por completo el manotazo a las reservas para pagar la deuda que vence, y con ello relanzar el endeudamiento de Argentina hasta los niveles que ya tienen los países más afectados por la bancarrota capitalista internacional.
Coincidencias patrióticas
Lo anterior, o sea el apoyo al manotazo de parte de la burguesía, explica la alegre coincidencia de la oposición capitalista con el gobierno sobre la conveniencia del manotazo, en especial de parte de Duhalde y De Narváez, y de la UCR. Estos objetan el método del DNU y promueven un proyecto de ley. Esto explica el infinito juego de negociaciones y conversaciones que tienen mareada a la opinión pública. Pero, en oposición a esta coincidencia, opera el hecho de que las ‘necesidades’ de gobernadores, banqueros e industriales son muy grandes: todos quieren arrebatar la piñata. Gobierno capitalista y oposición capitalista podrían llegar solamente a compromisos breves e inestables, como preludio de choques más intensos. El gobierno, además, carece de base de sustentación –apenas el 20% de imagen positiva según los sondeos. La crisis financiera ha derivado en una crisis constitucional, donde todos los instrumentos de gobierno y de control están en duda y en discusión. Las provocaciones de los K tienen el propósito de estabilizar un gobierno por decreto y de neutralización del parlamento. Como su fracaso es estruendoso, la crisis del régimen político se acentúa. El fenómeno de la crisis constitucional se observa en numerosos países –en particular en la Unión Europea, cuya constitución política se ha revelado totalmente inadecuada en el marco de la bancarrota internacional (de ahí la especulación de alto octanaje contra el euro). Lo mismo se está poniendo en evidencia en Estados Unidos. Los choques con la Corte, que quiere voltear el Consejo de la Magistratura, o la destitución de Marcó del Pont (por poner en práctica un DNU y desobedecer decisiones judiciales) marcan toda la hondura de la crisis constitucional. La Presidenta denunció a la Corte por “censura” y se reservó el derecho de cuestionarla en público. Recordemos que esta Corte fue montada por los K.
Bajo ninguna circunstancia debemos oponer a la crisis constitucional una salida constitucional. Cualquier salida constitucional (que requerirá una Constituyente) se inscribirá como un factor de desvío político para los trabajadores. La crisis se manifiesta en la superestructura pero no es superestructural: es la crisis del régimen capitalista. La perspectiva de conjunto es, más que nunca, un gobierno de trabajadores que implemente una salida anticapitalista.
Los trabajadores
La clase obrera de nuestro país no tiene una participación independiente en la crisis en curso. Los Moyano y los Yasky apoyan a los K, y el conjunto de las direcciones sindicales apoya la necesidad de no interrumpir el pago de la deuda externa –incluso varias fracciones políticas que actúan dentro del movimiento obrero combativo sostienen lo mismo y celebran las operaciones estatales de rescate del capitalismo. Pero la obstrucción a una intervención independiente de la clase obrera no es, necesariamente, un factor de estabilización, porque cada sector de la burocracia tira para el lado de un interés capitalista sectorial diferente.
La clase obrera se va a acercar a una intervención en la crisis por medio de aproximaciones sucesivas. Una primera etapa se desarrolló alrededor de mediados del año pasado, con la ocupación de varias empresas y las renovadas luchas del subte. Desde fines del año pasado se asiste a una nueva intervención de los trabajadores desocupados (el financiamiento de los planes Argentina Trabaja está un 80% por debajo de las necesidades). Ahora se abre el período de paritarias en el marco de una inflación creciente. Gran parte del manoteo oficial y de la política de aumentar el endeudamiento externo tiene que ver con la necesidad de frenar la inflación; el gobierno está dispuesto, para eso, a poner freno al dólar alto (en cuyo caso recibirá el apoyo de los pool de siembra pero volverá a chocar con el resto de la burguesía agropecuaria y buena parte de la industrial). Las paritarias deberán dirimir la próxima etapa de la crisis, cuando aún no habrá sido resuelta la etapa en curso. Es con esta caracterización estratégica que debemos reivindicar el derecho de la clase obrera a intervenir en las paritarias por medio de representantes electos, supervisados por las asambleas.
Jorge Altamira
