10 Mentiras sobre la ley de medios

Una mentira no deja de ser tal por más que se la repita reiteradamente. Sin embargo no podemos desconocer que quien se vale de ese método puede llegar a confundir e incluso, durante un cierto tiempo, salirse con la suya. Además, si es un gobierno el que promueve la “mentira sistémica” la cosa se agrava y mucho, porque los recursos materiales con que cuenta para esta tarea tan poco digna son cuantiosos: canales de televisión del estado, agencias de noticias, medios privados comprados gracias a la publicidad oficial, periodistas convertidos en bufones. En definitiva, todos los privilegios que se derivan del manejo del Poder.
¿Pero no es esto, acaso, lo que está sucediendo con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o más conocida como ley de medios)? Desde hace semanas el gobierno repite una y otra vez que ley de medios es casi revolucionaria. Valiéndose de los canales oficiales ha promovido movilizaciones y actos donde los oradores afirman que la implementació n de la ley traería aparejada la “democratizació n de los medios de comunicación”, “la eliminación de los monopolios”, “el avance de los medios comunitarios” , “la pluralidad de voces”.
Para aportar a la confusión general, varios sectores que se reclaman no-kirchneristas, e incluso algunos que se autodefinen como opositores, también se han sumado al apoyo a la ley de medios reclamando su inmediata aplicación. Esta conducta ha sido asumida por los legisladores de Proyecto Sur y por grupos que suelen identificarse como “chavistas”. El servicio prestado por estos sectores al gobierno ha sido invalorable, dado que le otorgan una cobertura “plural” no solo en referencia a la ley de medios sino en su cruzada contra el Poder Judicial, que tiene en carpeta cuestiones estratégicas del régimen (legalidad de los DNU, la cuestión provisional, fusiones de grupos empresarios, etc.) y que en varios puntos choca con el gobierno K, defendiendo cada uno intereses capitalistas opuestos.
La publicidad de oficialistas e incluso del centroizquierdismo a favor de la ley ha generado una lógica confusión en los sectores populares. Las dudas son muchas y se entiende por qué. Aparece patente la contradicción de si es posible que un gobierno que paga la deuda externa, organiza canjes con beneficios gigantescos para los fondos buitres, establece techos salariales por debajo de la inflación y subsidia con los fondos públicos a los grandes monopolios puede, al mismo tiempo, ser el protagonista e impulsor de la democratizació n de los medios de comunicación en el país. En la misma línea surge como interrogante si una mayor estatización de los medios de comunicación equivale a mayor democratizació n de los mismos o sí, por el contrario, debe entenderse como una regimentación de la opinión pública que favorece a los intereses sociales que el Estado apaña. Tales cuestiones buscaremos develar con el material que hemos elaborado.
En definitiva llegó la hora de poner las cosas en su debido lugar. Las mentiras vertidas por el oficialismo y avaladas por buena parte de los que se reclaman opositores serán aquí reveladas como tales. Para que no queden dudas aclaramos que nuestra posición está inspirada en los principios del socialismo, es decir, en la lucha de la clase obrera por su emancipación de toda explotación y opresión tanto de los capitalistas individuales como de su Estado.

Mentira 1: “Ley de la dictadura versus ley de la democracia”

Los apologistas de la ley sienten que esta mentira no es tal, o sea, que es una verdad grande como una casa. Hasta varios, que la posan de modestos, se suman alegremente diciendo que “aunque no sea muy buena por lo menos es una ley de la democracia”. ¿Cuál es la verdad? En realidad, pasados ya 27 años de la instauración democrática no tiene sentido hablar de que la ley vigente es “de la dictadura”. Si se pretende hablar en serio debiera decirse que se trata de una “ley de la dictadura y de la democracia”, dado que estuvo vigente muchísimo más tiempo en períodos democráticos que dictatoriales. No está de más decir que lo que sucede con la ley de medios vale también para una gran parte de la legislación de la dictadura, que sigue vigente aún hoy. En el caso concreto de la ley de medios la característica distintiva es que fue modificada una y otra vez por quienes gobernaron desde 1983 en adelante. Las modificaciones “democráticas” de la ley sólo sirvieron para empeorar la ya reaccionaria ley dictatorial. Por ejemplo, se la modificó para privatizar los canales estatales (antes todos los canales de aire eran propiedad del Estado); para habilitar que los dueños de diarios puedan ser propietarios de radios y canales de TV, formándose así los multimedios y los monopolios tales como el Grupo Clarín; se multiplicó por 3 la cantidad de licencias que un operador puede utilizar. El kirchnerismo también hizo de las suyas al prorrogar por decreto (527/05) durante 10 años la utilización de las licencias a los grandes monopolios como Clarín, Hadad o el grupo Vila.
Con la ley de medios sucede lo mismo que con la deuda externa –para poner sólo un ejemplo. Recientemente la presidenta dijo que la deuda debe pagarse aunque haya sido contraída por la dictadura debido a que la democracia la hizo “suya”. Así, se pone en evidencia que entre “dictadura” y “democracia” existe una continuidad de intereses sociales. Este axioma, que los ex izquierdistas y los cientistas políticos creen un dislate del marxismo, es una verdad grande como una casa. Por todo esto defender una ley porque la sancione la democracia es una burrada. ¿O acaso las reformas educativas del Banco Mundial no han sido votadas por el Parlamento democrático? ¿O no sucedió lo mismo con la privatización de las jubilaciones? ¿O con la ley minera hecha a imagen y semejanza de los monopolios contaminantes? Habitualmente la votación “democrática” de una ley es el argumento de los gobiernos para desacreditar la lucha popular, que es presentada como la expresión de una minoría contra la mayoría (expresada mediante el sufragio universal en el Parlamento).
Resumiendo: el hecho de que la ley sea votada por un Parlamento democrático no la hace progresiva per se, por el simple hecho de que se trata de una democracia dirigida por y para los capitalistas.

Mentira 2: “La nueva ley es antimonopólica”

Esta mentira también es escuchada habitualmente de parte de los propagandistas de la ley. Se trata, sin embargo, de una completa falsedad de muy fácil demostración. Mientras la ley reaccionaria de la dictadura habilitada a un operador a tener como máximo 4 licencias la ley kirchnerista sube ese máximo a 12. Es decir que lejos de ser antimonopólica la ley favorece la formación de monopolios. ¿Qué tal? ¿No saben los periodistas del programa 6, 7, 8 que 12 equivale a 3 veces 4? Por supuesto que sí pero son empleados a sueldo del poder, de los que no podemos esperar la más mínima sinceridad.

Mentira 3: “La nueva ley enfrenta los multimedios”

Esta mentira también es repetida cotidianamente por los plumíferos del kirchnerismo. Pero e aquí que es falsa por completo. Veamos. La ley de medios K deja en pie la modificación reaccionaria hecha por Alfonsín y por Menem. Estos, para favorecer por sobre todo al grupo Clarín, habilitaron algo que prohibía la ley reaccionaria de la dictadura. Nos referimos a la posibilidad de que un mismo empresario pueda tener distintos medios de comunicación (radio, prensa y televisión) en una misma jurisdicción o territorio. Siguiendo la legislación internacional la ley reaccionaria de la dictadura no habilitaba esa posibilidad. Pero vino la “democracia” y al privatizar los canales del Estado se permitió que Clarín compre Canal 13 y que el grupo Vigil (dueño de revista Gente, el Gráfico, etc.) compre canal 11. Luego canal 13 compró también radio Mitre.
La nueva ley de medios K deja intactas esas modificaciones pero son justamente éstas las que dieron el marco legal para la formación de los multimedios. Por eso es totalmente falso que la nueva ley prohíba o enfrente los multimedios.

Mentira 4: “La nueva ley es nacional y popular”

Esta mentira es “nacional y popular” pero no por eso menos falsa que las anteriores. Veamos. La ley reaccionaria de la dictadura no habilitaba la participación de capitales extranjeros en los medios de comunicación. Sin embargo, los sucesivos cambios introducidos por la “democracia” habilitaron el ingreso de dichos capitales. En esa misma dirección la nueva ley K se coloca en el marco de los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones con países extranjeros aprobados en el año 1994 por el Congreso de la Nación, habilitando el ingreso de capitales extranjeros al sector de las comunicaciones. Sirve recordar que dicha resolución llevó a que entre los años 1996 y 1998, casi la totalidad de los medios existentes, fueran transferidos a sectores vinculados al capital financiero.
Cuando los plumíferos K dicen que es una ley “nacional” o mienten alevosamente o hacen gala de una ignorancia supina. Quizás sea un poco de cada cosa.

Mentira 5: “Es una ley que favorece el federalismo”

Aquí, como en el punto anterior, no nos queda otra cosa que decir: ¡mentira!. Es que la ley de medios deja en pie los multimedios que existen en las provincias y que manejan a su gusto a la opinión pública. Estos multimedios se ven favorecidos porque la pequeñez del mercado no permite competencia de grupos rivales, ya que la torta publicitaria no puede financiar varias empresas de medios a la vez. Además, como la mayoría de las empresas realizan sus inversiones publicitarias en los medios de la Capital Federal, en las provincias el principal inversor pasa a ser el gobierno, que de esta manera se asegura el control de la opinión pública. No es casual que la mayoría de las empresas estén relacionadas de manera directa o indirecta con los partidos patronales, especialmente con el Justicialismo. Es el ejemplo de Jujuy, donde el senador justicialista Jenefes es el dueño del multimedio que controla toda la provincia. El senador, ¡oh casualidad!, votó a favor de la ley de medios. El ejemplo más burdo de manipulación de la opinión de pública y desinformació n es, sin embargo, el que rige en… Santa Cruz. En la provincia del matrimonio presidencial y bajo su total consentimiento, los medios están copados por el zar del juego, Cristóbal López (dueño, entre tantos negocios, del Casino de Puerto Madero), quien manipula la información al punto tal de borrar por completo toda noticia crítica referida al gobierno provincial y nacional. Así, las movilizaciones de 15.000 docentes en Río Gallegos (algo histórico, por cierto) eran presentadas en las últimas páginas del diario local, reducidas a “algunos pocos docentes se movilizaron”. La ley de medios aprobada por los K refuerza el control de las oligarquías provinciales y sus gobiernos sobre los medios de comunicación.

Mentira 6: “La nueva ley beneficia a las organizaciones civiles sin fines de lucro”

“¡quiero ver ahora como nos refutan!” deben alegrarse los K creídos que hasta los mayores críticos de la ley de medios deben reconocerles que este es un punto fuerte. ¿O acaso la nueva ley no modifica el criterio establecido por la dictadura de prohibir a las organizaciones sin fines de lucro (cooperativas, por ejemplo) la obtención de licencias? Si, es cierto, pero vayamos por parte y quedará demostrado que esta mentira es tan falsa como las anteriores. Sucede que si bien es cierto que las organizaciones sin fines de lucro tendrán ahora la posibilidad de acceder a una licencia (algo que de todos modos ya era posible con las modificaciones hechas en los últimos años), el reclamo histórico de los medios comunitarios y alternativos de recibir licencias permanentes no se hará efectivo de manera directa. Las centenares de emisoras independientes que funcionan hoy en día deberán pelear entre si por ocupar alguno de los lugares (licencias) destinados por la nueva ley, peleando los mismos con la Iglesia y las ONGs. Si tenemos presente que será el gobierno de turno quién finalmente decidirá a quién se le otorgará la licencia, no hace falta mucho ingenio para ver que no serán las organizaciones comunicacionales críticas del mismo las beneficiadas por este artículo.
Es necesario señalar en este punto que, la ley deja abierta, ante la total omisión de precisiones, la definición con respecto a las “prestadoras sin fines de lucro”, dejando en igualdad de condiciones a los medios populares, comunitarios y alternativos y, por ejemplo, a la Iglesia y las ONGs financiadas por los mismos grandes multimedios que hoy el gobierno dice enfrentar (por ejemplo la fundación Noble de Clarín). El 33 % del espacio reservado para las “organizaciones sociales” deberá ser compartido con la Iglesia Católica (que tiene centenares de licencias en todo el país), lo que explica el apoyo explícito de Bergoglio a la ley. Como dijimos más arriba, una tajada del 33 % será también para las fundaciones y ONGs financiadas por el gran capital. De todo esto surge que la mayoría de las radios comunitarias seguirán sin acceder a su licencia, con la contra que ahora deberán enfrentar una ley de la democracia. Ya Mariotto, titular del COMFER, les comunicó a las radios comunitarias que no habrá lugar para todas.
Nuestra denuncia sobre el carácter de la ley acaba de ser confirmado desde el lugar menos pensado. En un reciente comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), que en el pasado había apoyado fervorosamente la elaboración de la nueva ley de medios, afirmó lo siguiente: “que los foros y debates consistieron simplemente en exposiciones en defensa del proyecto de ley y que la mayoría de las modificaciones propuestas no fueron incluidas”; que los medios alternativos no se encuentran “incluidos claramente en ella (la nueva ley) ni en el juego que los sectores de poder configuran en torno a este debate”; “que no se ha derogado el decreto 527/05” firmado por Kirchner en beneficio de Clarín; que “existe un exceso de licencias por prestador”; que la ley “no divide el espectro en tres tercios sino que sólo asigna un tercio a las entidades privadas sin fines de lucro, con lo que queda abierta la posibilidad de que lo que no sea utilizado por los medios públicos o estatales pueda ser explotado por entidades comerciales”; que el “acceso a la información pública y el manejo de la publicidad oficial sigue dependiendo del arbitrio del gobierno de turno” y que la “adjudicación de la totalidad del espectro radioeléctrico depende directamente del poder político de turno”. ¿Qué tal? Como puede leerse, las críticas son demoledoras y confirman, una a una, los puntos que hemos marcado desde el inicio de este debate.

Mentira 7: “La nueva ley democratizará el espacio mediático y deja afuera a las telefónicas”

Esta afirmación contiene tantas mentiras como palabras. Vamos por partes. En primer lugar, muchas radios comunitarias quedarán sin sus licencias, tal como se explicó en el punto anterior. Además, las que sí logren acceder a la misma no podrán competir con los multimedios, que concentran el capital y los medios tecnológicos necesarios para imponerse en el mercado. Es obvio que por más licencia que una radio comunitaria tenga las posibilidades de competir con Radio 10 o Radio Mitre están absolutamente limitadas por los medios tecnológicos que tienen a su disposición. Para tener igualdad de oportunidades sería necesario que la ley contemple el otorgamiento de medios técnicos a los medios comunitarios pero en verdad ningún artículo de la ley se refiere al punto. Por lo tanto la ley se limita a declarar la igualdad de oportunidades dejando sin modificar las desigualdades reales que existen y que todos conocen. Después de todo, la sociedad burguesa es así. Aunque se parte de la igualdad jurídica entre los ciudadanos la realidad está marcada por enormes desigualdades de todo tipo. La mentada igualdad oculta que hay desocupados, obreros con salarios de miseria y capitalistas que se llenan los bolsillos. Somos todos iguales pero como dice George Orwell “algunos son más iguales que otros”.
Sobre las telefónicas digamos lo siguiente. En el proyecto original se establecía que las telefónicas podrían intervenir en el negocio de los medios y brindar, mediante su red instalada, televisión por cable (triple play). Naturalmente, el que puso el grito en el cielo fue Clarín, que quería –y quiere- evitar la competencia de monopolios más fuertes que él, como son las telefónicas, vinculadas directamente al capital financiero. Aunque luego se retiró ese artículo, la presidenta aclaró que “no se podía tapar el sol con las manos”, es decir, que inexorablemente, las telefónicas ingresarán al negocio. Para habilitar esto el gobierno ha resuelto elaborar un proyecto de ley aparte. En este punto tendrá un nuevo choque con Clarín, que quiere evitar que los grandes monopolios telefónicos le disputen el negocio del triple play. De todo esto surge que la ley impulsada por el Ejecutivo, no tiene como objetivo la democratizació n de la palabra, sino la redistribució n capitalista del espacio radioeléctrico. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expresa una feroz pelea interburguesa por el dominio de los nuevos espacios que abren las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones –la digitalizació n–, que en el caso del sistema japonés, que acaba de adoptar el gobierno, multiplica ocho veces las frecuencias disponibles. Por este motivo, la ley no parte de la derogación del decreto 527/05 que prorrogó las licencias por 10 años a los grupos monopólicos, sino de la defensa de un sistema mixto de medios donde sólo un tercio es reservado para las organizaciones sin fines de lucro (dentro de los cuales, como ya dijimos, se encuentra la Iglesia, ONGs capitalistas, etc.), mientras otro 33% será administrado por el Estado Nacional (que también puede entregarlo en usufructo al capital privado) y el otro 33 % será utilizado directamente por los grupos capitalistas. Con esto, el gobierno de turno multiplicará sus recursos mediáticos, al mismo tiempo que determinará quiénes obtendrán las licencias. De este modo, la nueva ley fortalece el control estatal sobre la opinión, y fomenta el últimamente popularizado “capitalismo de amigos” donde los allegados al poder de turno son los beneficiados. Los medios comunitarios, barriales y alternativos críticos del gobierno, nada pueden esperar de este reparto.

Mentira 8: “La nueva ley beneficia a los trabajadores de los medios”

¿Adivinen? ¿Otra mentira? Y si, no hay con que darle; la verdad no es algo que abunde entre los propagandistas del gobierno. Tenemos a mano, ahora, la huelga de los trabajadores del diario Crítica y nadie sabe en que medida la nueva ley sirve como protección. Pero si no lo saben no es por desconocimiento sino porque lisa y llanamente en la nueva ley los trabajadores no existen. En ninguno de sus más de 100 artículos la ley se refiere a los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación. Obvia, además, el Estatuto del periodista, que como es sabido, todos los grandes multimedios quieren eliminar de una vez y para siempre. La nueva ley no está escrita desde los intereses de los trabajadores de los medios, sino de los empresarios. Al obviar los derechos de los trabajadores la ley permitirá, de aplicarse, despidos en masa como consecuencia de la reestructuració n capitalista que plantea (fusiones, cierres de empresas, etc.).
Ya en la actualidad el gobierno mira para otro lado cuando los periodistas son perseguidos en las empresas privadas. Cuando él hace las veces de patrón (como en los medios del Estado) directamente lleva adelante por sus propios medios la política antiobrera y persecutoria. En los diarios K, como Página 12, existe la misma persecución que en diarios como Clarín. El caso más emblemático fue el despido del periodista Julio Nudler, de Página 12, por denunciar las corruptelas cometidas por el gobierno K en la Sindicatura General de La Nación. La persecución que existe en Clarín y en los diarios oficialistas como Página 12 son moneda corriente en los medios estatales. En Radio Nacional no reconoce al sindicato formado por los trabajadores. La nueva ley no sólo no abre mayores posibilidades para los trabajadores de los medios, sino que ni siquiera garantiza la seguridad laboral de los periodistas.

Mentira 9: “Resulta progresivo que los medios pasen al Estado”

Develar el carácter falaz de esta mentira es clave, ya que no se nos pasa por alto que aquí nuestros adversarios creen haber encontrado su punto fuerte –e incluso algunos “amigos” se dejan llevar por esta mentira poniendo de manifiesto sus limitaciones políticas y teóricas. En primer lugar debemos señalar que no estamos en presencia de una ley estatista. Por el contrario está armada en función de un rediseño capitalista de los medios de comunicación. Sólo el 33 % se le reserva al Estado e incluso esa pequeña porción puede ser cedida a los capitalistas de manera transitoria. El modelo K es el de Santa Cruz, donde los medios son de los capitalistas amigos del poder. O sea negocio privado de los medios y control gubernamental de los contenidos. Recordemos que dentro de los amigos favoritos del gobierno están las telefónicas.
De todos modos, de esta crítica no puede extraerse que nosotros apoyemos la estatización de los medios de comunicación o que entendamos que mediante ésta los trabajadores conquistarán la libertad de expresión. El Estado representa el órgano de opresión y dominación de la clase dominante. Su dominio de los medios no puede otra cosa que apuntalar ese régimen contra los trabajadores. En todos los países donde el Estado se apropio de los medios de comunicación las consecuencias fueron nefastas. Los trabajadores y las corrientes de oposición, incluso las que defienden el propio régimen burgués, fueron silenciados. Se estableció, así, un discurso único desde el poder. No es casual que la dictadura haya mantenido los canales de TV en sus manos, para evitar que se filtre información contraria a sus intereses.
Los que defienden la estatización confunden adrede la propiedad de los medios técnicos (las fuerzas productivas) con el control y gestión de los medios de comunicación cuando en realidad se trata de cuestiones totalmente distintas. La primera hace a terminar con el negocio capitalista de los medios. La segunda (la gestión) tiene que ver con quién dirige los medios y al servicio de qué intereses sociales. Si lo hace el Estado (u organismos estatizados de hecho) estará al servicio del pago de la deuda, el canje de bonos, la intervención del Indec y las paritarias con topes. Si en cambio la gestión está en manos de las corrientes populares permitirá que sean un instrumento para su emancipación y liberación.
Los que defienden la “estatización” de los medio pretenden, aún sólo discursivamente, des-estatizar al estado. Se lo presenta como un “poder público” y hasta como un factor de “democratizació n”. De esta forma se oculta que bajo la apariencia de una esfera que opera por arriba de la sociedad, la función histórica del Estado es proteger las relaciones sociales existentes (en este caso concreto las capitalistas) . La intervención del Estado en los medios de comunicación refuerza el monopolio ideológico y la manipulación del capital. Incluso supera en ese objetivo a los monopolio privados pues, a diferencia de ellos, “es la expresión práctica, institucional de la burguesía en su conjunto y está motivado por la obligación de asegurar para sí el monopolio de la fuerza y de la violencia” (Prensa Obrera Nº 1131, “El Estado no es un poder público, Jorge Altamira”).
Es importante tener en cuenta que el “monopolio capitalista de los medios de producción adquiere otro nivel cuando se trata del monopolio de la producción ideológica –pues se enseñorea, no sólo de los cuerpos mismos, sino de la conciencia de esos cuerpos-. La libertad social en sus términos más amplios es incompatible con el Estado, plantea su disolución, y por lo tanto, el fin de las relaciones sociales que exigen un aparato de violencia para su protección” (idem.).

Mentira 10: “El que no apoya la ley está con Clarín”

Esta es la mentira más peligrosa de todas, porque pretende obligar a elegir entre dos alternativas completamente perjudiciales. Suena llamativo que esta mentira es pronunciada ahora por agrupaciones que rechazaron esta misma manipulación en el momento en el momento en que se desarrollaba la disputa entre el gobierno y “el campo”. ¿Sería que en ese momento al no apoyar al gobierno eran agentes de la Sociedad Rural como gustaban acusar los K? La disyuntiva que plantea el gobierno, como se ve, es una trampa mortal ya que su objetivo estratégico es negarle a la clase obrera la posibilidad de una política autónoma de los bloques capitalistas en disputa.
La mentira 10, vaya paradoja, está plagada de mentiras. Es que si ellos realmente apoyan la ley para estar en contra de Clarín el debate sería otro y muy distinto. Podríamos, claro, abrir una discusión si para derrotar a Clarín y terminar con este monopolio la vía elegida de apoyar la ley K es la adecuada o no. Pero hasta ahora los izquierdistas que apoyan la ley lo han hecho por el contenido de la ley misma, a la cual le atribuyen cualidades que en este material hemos tratado de demostrar como mentirosas y engañosas. Insistimos: si es para enfrentar a Clarín perfecto, discutamos como lo hacemos; si es para apoyar la ley K no cuenten con nosotros.

Conclusión

La libertad de expresión es una lucha estratégica para todas las clases sociales, sobre todo para aquellas como la clase capitalista y la clase obrera que necesitan ganarse para su causa a los sectores intermedios de la sociedad. Los capitalistas son concientes de eso y al mismo tiempo que disputan entre ellos el negocio capitalista se cuidan, y mucho, de mantener el control ideológico de los medios bajo su mando.
Los trabajadores y los sectores populares deben luchar por una perspectiva propia. Por eso, en ningún caso pueden apoyar una ley de un gobierno que paga la deuda, impone topes salariales y arma negociados con los grupos económicos amigos. El hecho de que circunstancialmente el gobierno choque con Clarín y grupos de derecha no cambia en nada el asunto. Los trabajadores debemos ajustar cuentas con los multimedios y la derecha de manera propia, y no delegar en el gobierno, que más temprano que tarde se pondrá de acuerdo con sus pares capitalistas y la emprenderán en conjunto contra el pueblo trabajador.
Ninguna fuerza política que se reclama del campo popular puede alegar que ignora que el gobierno K pretende con la ley proceder a una cooptación de las organizaciones populares, en especial las de la clase obrera. Se trata de una disputa estratégica. Para el gobierno “nacional y popular” evitar la independencia de la clase obrera y sus organizaciones es una cuestión absolutamente clave. Los K son concientes que si los trabajadores conquistan su independencia política concluirán desenmascarando sus mentiras y agachadas sistemáticas al gran capital local e internacional, ya sean los negocios armados con la deuda externa, el ajuste contra el pueblo que se lleva adelante vía la inflación, la destrucción del medio ambiente mediante la minería contaminante, o la política internacional, en la cual la Argentina