Argentina, como Grecia

La suerte del Fondo del Bicentenario quedó sellada antes de pasar por la prueba del Congreso. Las promesas de utilizar el Fondo del Bicentenario para “proyectos industriales”, “obras de infraestructura” y otras iniciativas similares se desvanecieron con la misma rapidez que el avance de la crisis mundial.
En la nueva fase de la crisis empieza a dominar la escena la quiebra fiscal. El defol de Grecia y el desbarranque de España y de Portugal han puesto en peligro el canje de deuda de Kirchner-Buodou; algunos bancos asesores ya han puesto en duda la conveniencia de avanzar con la operación. En todo caso será imposible conseguir nuevos créditos baratos, pues el ‘riesgo país’ de Argentina, de 1.100 puntos, es casi tres veces superior al griego –de 450 puntos. Esta evolución también afectará el precio de las materias primas que exporta Argentina.
Esto es lo que explica la preocupación de Kirchner por “cuidar las reservas” (La Nación, 7/2). En la última semana, ya ha se ha producido una huida de capitales de 1.000 millones de dólares. Los capitales especulativos comienzan a abandonar la “periferia” en la búsqueda de plazas más seguras.
Entre la deuda pública, el déficit fiscal nacional y la quiebra de las finanzas provinciales, el rojo podría alcanzar los 50.000 millones de pesos, algo así como dos “fondos del bicentenario”. También la vía de un endeudamiento internacional de las provincias ha quedado clausurada a partir del defol de Grecia. Por esto, Mario Blejer renunció a la pretensión de presidir el Banco Central.
La crisis política
“La muerte del Fondo del Bicentenario no representa sólo un replanteo económico sino también un tembladeral político”, dice Crítica (14/2). La mayoría de los medios coincide en vaticinar que el gobierno no reuniría los votos favorables para que se apruebe el Fondo en el Senado. Un tercer desempate de Cobos indicaría, definitivamente, que la capacidad de decisión del Ejecutivo ha quedado licuada. Pero el vicepresidente ni siquiera goza de la confianza del partido que alienta su candidatura. Las posibilidades de gobernar por decreto y por medio de vetos se licúa a ojos vista. Esto explica los sondeos para un compromiso. “Estamos dispuestos a escuchar y si la ley está en sintonía con el DNU no tendríamos inconveniente”, dijo el senador oficialista de Santa Cruz, Nicolás Fernández –un pingüino (Clarín, 13/2).
Por su lado, los “legisladores nacionales de la UCR anunciaron un proyecto para reformular la ley de Presupuesto. La dirigencia radical aceptaría el uso de reservas del Central como garantía (podría ser por medio de bonos, nunca “cash”) para el canje de la deuda con los holdouts” (Clarín, ídem). Ocurre que, como en el caso griego, el Presupuesto 2010 es un dibujo –su rediscusión pondrá al desnudo el ‘defol’ del régimen K (que es la razón por la que quieren la plata del Central). Por estas razones, no se puede excluir la posibilidad del llamado a elecciones adelantadas, en especial si vuelve a plantearse el escenario de la fuga de capitales.
Lucha anticapitalista
Los trabajadores tenemos que tomar conciencia de las condiciones sociales, económicas y políticas que vamos a atravesar. La bancarrota capitalista ya ha afectado duramente a Argentina desde 2007 (salieron 40 mil millones de dólares, o sea un tercio de todo el ahorro nacional) y ha obligado a los K a operaciones de rescate de los capitalistas (incluida la estatización de las AFJP) y a subsidiar salarios de empresas de todo tipo. Este rescate explica el crecimiento de la inflación, que subleva a la población y la perspectiva de una nueva cesación de pagos. Es necesario que enfrentemos la bancarrota del capital y del régimen político con un programa de conjunto, para que la crisis la pague el capital y no la fuerza de trabajo. La defensa del salario y los puestos de trabajo, por medio de las ocupaciones de empresa. El desconocimiento de la deuda externa, la nacionalización sin pago de la banca y el comercio exterior para impedir la fuga de capitales y concentrar el ahorro nacional en una reindustrialización del país bajo dirección de la clase obrera. Necesitamos un reagrupamiento de fuerzas sobre estas bases.

Pablo Heller

Los nuevos albores de un sindicalismo clasista

Quién dijo que el tema más importante de la semana o la quincena fue el ‘voto positivo’ de Cobos en la bicameral, o las alternativas de la crisis constitucional desatada por la incapacidad del gobierno para pagar la deuda pública y reanudar una política de endeudamiento internacional (en nombre, claro está, del “desendeudamiento”)? Esta crisis no cesará de profundizarse, por cierto, porque está condicionada por una situación mundial que se ha agravado con la amenaza de quiebra de cinco Estados de la Unión Europea –inminente en Grecia (3% del PBI de la UE), pero más grave aún en España (20%). Pero lo más importante es lo que pasa en la clase obrera, que debe enfrentar esta crisis y derrotar la política capitalista so pena de sufrirla hasta el extremo. La huelga general en Turquía o las huelgas contra el cierre de empresas en Italia son los mojones de un proceso que conocerá nuevos ascensos. Lo mismo vale para Argentina, en la víspera de las paritarias de 2010, en un marco de transición histórica en el movimiento sindical.

De nuevo, UTA

El ataque de la patota de la UTA contra los delegados que representan al sindicato de choferes (Ucra), ligado a la CTA, volvió a colocar en el tapete la cuestión de los sindicatos “simplemente inscriptos” –o sea, que no están habilitados para negociar convenios y acuerdos con las patronales– en la cuestión fundamental del método para acabar con la burocracia sindical. Con independencia del grado de representatividad u organización de la Ucra, se trata de una manifestación de oposición dentro del movimiento desencadenado por el Cuerpo de Delegados del Subte contra la burocracia de la UTA –un sindicato decisivo dentro del movimiento sindical.
La cuestión de la “simple inscripción gremial” se actualizó luego del fallo de la Corte que establece una protección legal para los delegados que son electos con independencia de que pertenezcan o no a una organización con personería gremial. El fallo tiene actualidad política a partir de que en los lugares de trabajo se ha producido un desarrollo creciente de activistas que se organizan para pelear la dirección a la burocracia. Por otro lado, la elección de delegados de sindicatos no reconocidos es impulsada por una parte de la CTA para compensar la negativa a su propio reconocimiento gremial por parte del gobierno. Se conjuga así un proceso desde abajo y una crisis parcial por arriba, para conformar un período de transición en el movimiento obrero y, al mismo tiempo, una lucha política por el destino de esta transición. La crisis en la CGT se manifiesta en la división política de su burocracia y en el desarrollo de oposiciones importantes, como ocurre en el sindicato de la Alimentación, en los supermercados afiliados a Comercio o en la Asociación Minera Argentina. Algunos responsables laborales de las patronales están observando, en forma repetida, que el atornillamiento de la misma burocracia durante cuatro décadas constituye un ‘modelo’ agotado. La ‘paz social’ necesita ser asegurada por medio de una nueva metodología. En función de esto, aparece la posibilidad de un reconocimiento de la personería gremial de la CTA en una forma disfrazada dentro de un Consejo Económico y Social, que sirva de marco para un pacto CGT-CTA.
Esto, obviamente, aceleraría la crisis en desarrollo en la cúpula de la CTA. No hay que olvidar, ni por un instante, que el ‘modelo’ agotado incluye a los sindicatos reconocidos que pertenecen a la CTA –como Ctera, ATE o Neumáticos. Estos han actuado en los conflictos con la misma política que siguen los sindicatos de la CGT.
La UTA es uno de los centros de la crisis, porque el desafío a la burocracia no se confina al Subte o a un sector de trabajadores de larga distancia, sino a numerosos cuerpos de delegados y a sindicatos del interior. Roberto Fernández, el secretario general que vino a reemplazar al atornillado Palacios convertido en terrateniente, es un lobbysta hecho y derecho de las grandes transportistas que continúan concentrando el negocio a costa del cierre de líneas y de constantes despidos. En Chaco, la oposición en la UTA –que debe enfrentar cotidianamente palizas y aprietes de la burocracia– se ha planteado la creación de un nuevo sindicato. Lo mismo ocurre en Salta; en Córdoba hay un activo movimiento opositor.

¿Nuevo ‘modelo’ o sindicatos de clase?

Aunque la Ucra cuenta con varios años de inscripción, el estallido con los choferes se produjo en torno de una reivindicación que las patronales vienen postergando desde hace tres años: el pago de un plus a los choferes de larga distancia, a pesar de haber recibido subsidios del Estado para ello. Fernández arregló que el pago del plus se hiciera en seis cuotas. La reacción de los choferes contra esta entregada fue canalizada por los activistas y delegados del sindicato “sólo inscripto”. No bien los delegados de Ucra resolvieron impulsar este reclamo, la burocracia salió a cruzarlos brutalmente.
Ucra defiende el reclamo obrero. La presencia de delegados electos, aunque no reconocidos por las patronales, ha servido a ese propósito. Estos delegados electos son una suerte de activistas sindicales que gozan de protección legal y, por lo tanto, de la libertad de propaganda, agitación y organización que no tienen los activistas –que apenas son ‘descubiertos’ resultan despedidos. La estrategia que guía a la CTA con la inscripción de sindicatos se limita a poner en pie un nuevo ‘modelo’ sindical de carácter ‘competitivo’ o, para decirlo con sus palabras, “pluralista”. El objetivo estratégico es la coexistencia de dos regímenes sindicales, igualmente partidarios de la colaboración de clases y de la unidad nacional –terreno en el cual se ubican declaradamente las dos fracciones dirigentes de la CTA. Pero será muy difícil que un desmantelamiento del ‘modelo’ actual de unicato sindical pueda ser simplemente refaccionado, ni qué decir desmontado por piezas, sin provocar la amenaza de la caída de todo el régimen sindical dependiente del Estado, practicante del colaboracionismo de clases e igualmente adversario de la democracia sindical –o sea de la soberanía de las asambleas generales de las bases.
El enfrentamiento de los choferes con la burocracia de la UTA supera potencialmente el marco del “pluralismo” o la “diversidad sindical”. El Subte ha demostrado, por ejemplo, que la derrota de la burocracia de la UTA no ha dado paso a una coexistencia sindical, sino al predominio aplastante del sindicato que pretende ser reconocido como inscripto. Cualquier margen que se conceda a la burocracia para armar su espacio reforzará su política de provocaciones con vistas a destruir las posibilidades del nuevo sindicato creado a partir del cuerpo de delegados. Otra lección, de las más importantes, acaba de dar la lucha en Barrick Gold, donde no solamente hubo una defensa tenaz, que resultó victoriosa, de los delegados de oposición a la burocracia de Aoma: lo más importante es que, a la hora de discutir el convenio de trabajo, esos delegados fueron elegidos para la paritaria por una asamblea, en una proporción de 8 a 2 frente a la burocracia. El ‘modelo plural’ de coexistencia quedó sepultado por la unidad de clase frente a la patronal minera a partir de una asamblea general. En definitiva, la única estrategia realista en esta nueva etapa debe apuntar a la expulsión de la burocracia de los sindicatos y al desarrollo de sindicatos de clase –que no solamente son independientes del Estado y practicantes de la democracia sindical, sino que están animados por el principio de lucha de clases y el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado.
Entre los trabajadores docentes (o también en los estatales) puede verse, en cambio, cómo funciona el ¿nuevo? ‘modelo’ llamado plural. Las burocracias de Suteba, FEB y otras menores se conciertan para mejor traicionar las reivindicaciones de la docencia –que luego, cuando necesitan echar lastre, ‘ratifican’ en asambleas que solamente ellas controlan. Es un ‘modelo’ de rechazo a la democracia sindical, como quedó demostrado en las elecciones en Suteba La Plata, donde la burocracia utilizó su condición de kirchnerista para que el Ministerio de Trabajo legalice su prepotencia, en una clonación de lo ocurrido en el sindicato de Aeronavegantes, que los tribunales tuvieron que dar vuelta.
La lucha de los delegados –‘inscriptos’ o no– contra la burocracia plantea la lucha por un sindicalismo independiente del Estado y de los capitalistas, que asuma integralmente la representación obrera en los lugares de trabajo. Para alcanzar ese objetivo, no hay otra alternativa que la expulsión de la burocracia de los sindicatos.

Paritarias y delegados

La emergencia de las paritarias otorga una actualidad a todas estas cuestiones, porque plantea en forma concreta la representación obrera ante la patronal en la negociación colectiva. Se da aquí el ejemplo de los mineros de la Barrick, o sea que los delegados paritarios sean elegidos en asamblea. Es que, por otro lado, en las paritarias se van a manifestar las implicancias de la crisis constitucional desatada por el Fondo del Bicentenario. Incluso si es aprobado, lo cual está en duda, es claro que las patronales presionan para poner los aumentos de salarios bien por debajo de la inflación, que promete ser más alta. Además, han prometido que reclamarán una acentuación de la flexibilidad laboral. Concretamente, proponemos que todos los delegados ‘inscriptos’ y sus sindicatos, las corrientes que los apoyan y el conjunto de las tendencias de oposición a la burocracia sindical organicemos una campaña por paritarios electos y pliegos de reivindicaciones votados en asamblea. Hay que empezar por Ctera, que ya está negociando. En muchos casos se plantea la defensa de la continuidad laboral y la prohibición de despidos (Paraná Metal, Tenaris Valentín Alsina, Stefani Neuquén). En Buenos Aires, Suteba ha modificado sus estatutos para que los paritarios se elijan en “listas sábana”. Tampoco hay representantes electos en el Neumático, con excepción de la seccional San Fernando (que está en la oposición a la conducción de la CTA), donde una asamblea eligió veedores para controlar a los paritarios del sindicato.
Una campaña para que los paritarios se elijan en asamblea serviría para apoyar a los nuevos delegados y las organizaciones no inscriptas en el terreno concreto de los convenios de trabajo. Plantea también un terreno de acción común con los delegados y activistas ‘no inscriptos’ que militan contra la burocracia dentro de los sindicatos que ella dirige. Nos comprometemos a impulsar plenarios y debates para organizar una campaña común por paritarios electos, por el pliego a levantar, por la expulsión de la burocracia y por sindicatos independientes del Estado y los capitalistas.

Jorge Altamira

La investigación de la deuda es una distraccion politica del centroizquierdismo

Comprometido con los gobiernos que la contrajeron y refinanciaron
De la dictadura a la democracia, del neoliberalismo al nacionalismo, un hilo conductor recorrió a todos los regímenes y gobiernos de las últimas cuatro décadas: la malversación del presupuesto y de la economía nacional en favor del capital financiero, a través de la deuda externa.
Bajo la dictadura, Martínez de Hoz y su "programador" Walter Klein, un agente del Barclays, el Credit Lionnays y otros bancos, usaron a YPF y a otras empresas estatales para desatar un gigantesco operativo de endeudamiento, ejecutado bajo "regulación" del FMI. El Banco Central ni siquiera llevaba un registro integral de estas operaciones de deuda. Con similar furor, la burguesía nacional elevaba la carga de la deuda privada. Pero se trataba de "autopréstamos, con los cuales financiaban la fuga de capitales del país. En vísperas de la devaluación del peso, el Banco Central, bajo la dirección de Cavallo, les aseguró el tipo de cambio, lo que permitió que gran parte de la deuda privada se convirtiera en deuda pública. Como la deuda privada se había contraído con bancos y compañías de seguros que tenían garantías de los países europeos afiliados al Club de París, la deuda entre privados se convirtió en una deuda pública de Argentina con los gobiernos del Club de París
La democracia debutó con el reconocimiento integral de esta malversación, bajo el concepto general de continuidad jurídica del Estado. La democracia se convirtió en garante de los contratos suscriptos por la dictadura. La clase social que lucró con los militares convirtió a la democracia en su propio régimen político.
La incapacidad para pagar esta deuda impagable fue el pretexto del que se valieron Menem y Cavallo para canjearla por nueva deuda, ahora en bonos. Asimismo, los depósitos de los ahorristas argentinos en los bancos fueron convertidos también en bonos - lo que implicó una fuerte desvalorización de los ahorros (Plan Brady). Fue el antecedente del ‘corralito' y el ‘corralón' de 2001/2. Este paquete fue negociado en Punta del Este, en enero de 1990, entre Cavallo y John Reed, entonces presidente del Citibank. Catorce años más tarde, William Rhodes, también del Citi, llegaría a un arreglo con Lula para el pago de la deuda externa de Brasil, que dio luz verde al gobierno encabezado por el PT. Desde 1982, la deuda externa argentina no es otra cosa que una espiral formada por refinanciaciones de vencimientos determinada por la incapacidad de pago. Una suerte de Circular 1050, en referencia al sistema de crédito hipotecario implementado por la dictadura, que capitalizaba los intereses de las deudas por compra de viviendas, que terminaron superando varias veces el valor de la propiedad. A renglón seguido, el gobierno entregó las empresas estatales a cambio de títulos de deuda, a los cuales reconoció el ciento por ciento de su valor de emisión cuando en el mercado se había comprado a precios que oscilaban entre el 10 y el 25%. En el negociado entraron los bancos internacionales y, en especial, la burguesía nacional - con Techint, Pérez Companc, etc. Lo mismo ocurrió con la privatización de YPF, que fue comprada con deuda por parte de Repsol, que puso como garantía de pago los bienes de la petrolera estatal. Los K formaron la barra brava que apoyó este desfalco. Aun así, la deuda no bajó sino que creció con los nuevos préstamos requeridos por Menem-Cavallo para financiar el presupuesto y, por sobre todo, el enorme agujero que le dejó a la Anses la transferencia de los aportes jubilatorios a las AFJP. La privatización de las jubilaciones se financió con deuda pública. El matrimonio K celebraba estas realizaciones y las votaba en el Congreso con las dos manos. En 1994, una Convención Constituyente, con la presencia de Alfonsín, Carrió, Chacho Alvarez y Pino Solanas; legitimaba estos atropellos y creaba su correlato institucional - los decretos de necesidad y urgencia.
Con De la Rúa, la "alianza" radical- frepasista reconoció los fraudes menemistas y luego convocó a su mentor, Cavallo, a organizar un megacanje para refinanciar, o sea con nuevas deudas, la mayor fuga de capitales de la historia, siempre en beneficio de los Techint, Arcor, Pérez Companc y otros. En las vísperas de la cesación de pagos del 2001, la deuda -pública y privada-equivalía a todo el producto bruto nacional. Se estima que el patrimonio de un país tiene un valor equivalente al de su PBI.
En las vísperas del ‘corralito', Cavallo y Redrado sacaron un seguro para las reservas del país con un consorcio encabezado por el Deustche Bank, a cambio de una jugosa prima. Cuando se produjo el ‘default', ese consorcio se negó a pagar el seguro, con el total acuerdo de las autoridades argentinas; para ofrecer una justificación para la ruptura del contrato por parte de ese consorcio, el Congreso argentino vitoreó la declaración oficial de ‘default' anunciada por Rodríguez Saa.
La deuda tiene también su lugar para los "nacionales y populares", que respaldaron desde sus posiciones oficiales todas las estafas mencionadas. Luego, el "canje" del 2005, incluidos los ajustes por inflación, estableció un valor para los títulos del orden del 60-65 de su precio de emisión, cuando en el mercado se cotizaban a 10 centavos, o sea un 90% abajo. Como la miel, el canje de los K atrajo los ‘fondos buitres' a Argentina. Después de las quitas y el default, el "gobierno del desendeudamiento" registra una deuda pública de 145.000 millones de dólares, lo mismo que contabilizaba De la Rúa antes del default. Pero una cifra similar suman los "activos de argentinos en el exterior", o sea, la fuga de capitales. A través de la deuda y de la dilapidación del superávit comercial, el estado ha financiado esa fuga.
La lista de fraudes tiene lugar para uno más: el que están urdiendo Kirchner y Bodou con los bonistas que no aceptaron el canje del 2005. El valor de la oferta oficial por estos bonos podría superar en un 50% a la de 2005, puesto que reconoce los intereses acumulados por estos títulos en los tres años que pasaron, e incluso el "ajuste" por crecimiento del PBI. Los bonos que ahora se cambiarán al 52% de su valor nominal fueron comprados por sus actuales tenedores a un valor "chatarra" del 25%, luego de que Kirchner y Lavagna hicieran votar la "ley cerrojo que prohibía cualquier nuevo canje de deuda. De esta derogación salen beneficiados de nuevo los fondos buitres y los ‘capitalistas amigos' - los Kirchner, Ezquenazi, López o Werthein, que están al tanto de lo que se cuece arriba.
Una clase social en el banquillo
La responsabilidad política y penal por el fraude de la deuda se extiende desde los Videla-Martínez de Hoz a los Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde o Kirchner. Se los podría condenar a prisión y a la pérdida de sus derechos políticos. ¿Pero esto resolvería la hipoteca ilevantable que representa la deuda pública, originada en la deuda externa, que ahora, además, empapela, en un 40%, las cajas fuertes de la Anses, Pami, Banco Nación y Banco Central - a costa de los jubilados, los contribuyentes y el poder adquisitivo del salario? De ninguna manera, judicializar la deuda pública es una maniobra de distracción para seguir pagando con el consuelo de que sus responsables podrían ir presos, lo cual es improbable porque han pasado los plazos de prescripción. No hay deuda legítima e ilegítima; toda ella es ilegítima y usuraria. Tampoco se trata simplemente de no pagar, porque el ahorro que se obtendría en este caso iría a parar al bolsillo de los capitalistas o a fugar capitales. Es necesario poner el no pago de la deuda externa al servicio de un plan de transformación social del país, para lo cual es necesario el gobierno de los trabajadores.
Lo "ilegítimo" y "fraudulento" es el proceso político y social que prohijó la deuda, o sea el régimen democrático burgués, con sus jueces inamovibles, sus políticos corruptos y sus fuerzas de represión al servicio del sostenimiento de semejante orden. Pero los que, como Solanas, piden investigar la deuda no quieren que se investigue a ‘su' democracia, la que legitimó la deuda y votó regularmente su pago. No quiere poner en cuestión el régimen político - es puro verso electoral- mucho menos el régimen social. Un proceso de confiscación social masivo, como es la deuda externa, cuestiona los fundamentos de los regímenes que lo amparó. Por eso a finales de la década de 1820 puso fin al régimen rivadaviano; en 1890 provocó la Revolución del Parque; en 1982 acabó con la dictadura; en 1989-91 llevó a los asaltos a supermercados; y en 2001 al argentinazo. Los tribunales o una comisión del Congreso son una suerte de noria para un problema que exige una salida de conjunto.




Marcelo Ramal-Jorge Altamira

Gacetilla de Prensa de la Mesa Ampia ante la "potencial" consulta popular

Marcos Paz, 26 de enero de 2010
Atentos a que quienes conformamos la Mesa Amplia por el Cierre definitivo del Incinerador de Residuos Peligrosos Marcos Martini S.A., vemos con alarma que la contaminación que padece nuestro partido, lejos de detenerse, crece aún más y que no se toman las medidas necesarias para proceder a la protección de la salud de los habitantes, y que hay intención de algunos aspirantes al poder público de reivindicar a la planta INCINERADORA QUE ENFERMA Y MATA, recordamos a ciudadanos y ciudadanas, a través de los medios de comunicación masiva que:
Hay 8.000 firmas de personas que exigen el cierre definitivo del Incinerador de Residuos Peligrosos Marcos Martini S.A.
El Convenio de Estocolmo determina que a los incineradores son como fuente productora de dioxinas y furanos, contaminantes orgánicos persistentes que afectan la salud de todo el planeta.
Es un error afirmar que no hay manera de medir el daño que produce: los cuerpos de los seres vivos, humanos especialmente y de entre éstos de niños y niñas, que enferman y mueren son desgraciados detectores, trágicos, finales, de lo que produce dicho incinerador.

Y reafirmamos la continuidad de la lucha, hasta que se cumplan los principios que dieron origen a la Mesa Amplia:

o la clausura inmediata y definitiva del establecimiento incinerador de sustancias peligrosas Marcos Martini.
o La remediación a cargo de la empresa de todos los daños ambientales, incluidos aquellos en los seres humanos, ocasionados desde su ilegítima habilitación.
o La reubicación de todos los trabajadores de la empresa.

MESA AMPLIA POR EL CIERRE DEFINITIVO DEL INCINERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS MARCOS MARTINI S.A.

Gracias por difundir

PINO SOLANAS Y LA DEUDA EXTERNA

A partir de la crisis política desatada por el "efecto Redrado", Proyecto Sur y Pino Solanas han tratado de construir una tercera posición que plantea "investigar la legitimidad de la deuda externa". "No decimos que no hay que pagar la deuda, porque si hay una deuda que fue por los carriles normales, no habrá que cuestionarla. Lo que decimos es que nadie paga una factura indebida."- le aclara Pino a quienes lo acusan de ultraizquierdista o defaulteador serial.
¿Es serio esto?
En estos momentos se tramita una investigación acerca de si la Reserva Federal norteamericana siguió "los carriles normales" para pagar a los principales bancos acreedores fuera del marco de la quiebra de la aseguradora AIG. La inmensa mayoría de los propios responsables de la estafa admiten que la cosa no fue muy transparente, pero se excusa con el latiguillo de que de otro modo hubiera caído el sistema financiero. El jueves 28 de enero, el Senado de los Estados Unidos reeligió al presidente de la Reserva Federal, lo cual constituye una absolución de los que participaron del rescate de AIG. Para lograr la reelección de Ben Bernanke, el magnate Warren Buffet declaró que, otra vez, de lo contrario, se caería el sistema financiero. O sea que la normalidad de los carriles no sigue pruritos legales, aunque se jueguen casi 70 mil millones de dólares, sino que depende de cuán funcionales son al salvataje del capitalismo. Como Pino no se inscribe en ninguna corriente que quiera abatirlo, deberá reconocer que el rescate del capital es un carril definitivamente normal y una "política de estado". Las mismas razones invocaron los Cavallo, Martinez de Hoz, Menem, Kirchner (cuando privatizó el Banco de Santa Cruz para resolver, alegó él, la crisis fiscal de la provincia), la lista es larga. Kirchner, precisamente, creyó oportuno recordar que la democracia, en 1983, legitimó la deuda. O sea que la democracia vino para pagar la deuda externa. La Convención Constituyente de 1994 ratificó, con el voto del Frepaso y de Pino, pero el rechazo del obispo Hesayne, la legitimación producida once años antes. La mitad de la legislación vigente, que el Estado democrático está obligado a hacer efectiva, fue dictada por los gobiernos militares.
¡Vaya si la democracia legitima!
Segundo. No existe una deuda externa argentina ‘legítima' en lo que se refiere a la contraída o garantizada por el Estado con bancos u operadores financieros. Es ilegítima incluso la contraída con el BID o el Banco Mundial, pues, en un caso, se destinan a financiar proyectos en pesos - más allá de su carácter privatizador cuando el Estado argentino puede conseguir créditos en pesos dentro del país. Si se trata de obras de infraestructura, se impone la condición de que la dirección del proyecto sea trasnacional. La deuda pública argentina con el exterior es, al día de hoy, el resultado de sucesivos refinanciamientos, o sea que se trata de intereses acumulados o capitalizados. O sea que estamos ante un caso de usura y de confiscación colonial.
Algunos defensores de la posición de Pino no perciben que al convertir a la deuda externa en un problema judicial la transforma en un delito privado (con participación de funcionarios públicos), lo cual la vacía de su contenido social. Es lo que hace regularmente la politiquería burguesa en otros asuntos, para escamotear la función del capital o del Estado en el proceso de la producción social.
A Pino se le escapa también que el repudio a la deuda externa se ha transformado en ua causa internacional de varios países. Hablando de la carne de cerdo, acaban de aparecer los PIGS (cerdos en inglés), o sea Portugal, Irlanda, Grecia, España (Spain), que se encuentran en default. La lista es, sin embargo, mezquina, porque olvida a Letonia, Lituania, Ucrania, Islandia, Bulgaria (sin olvidar a Gran Bretaña, que acabará pagando muy caro la pretensión de la City de Londres de querer conservar una primacía financiera internacional. Los ‘cerdos' difícilmente encuentren un ‘pino' que pretenda llevar el asunto a la justicia - ¡y vaya si tendrían razones cuando Grecia estuvo escondiendo un déficit fiscal del 13% (y que probablemente sea del 20%) detrás de un módico 3%. Como quiera que la deuda externa griega financia incluso el funcionamiento de los hospitales públicos, las consecuencias del default van a ser para hamacarse. Un columnista financiera advierte que no sería suficiente reducir el déficit fiscal griego para salir del atolladero sino que es todavía más importante serruchar en un 10% los salarios. El consejero en cuestión cuida el bolsillo de sus patrones, por eso se le borró de la pantalla que los sondeos indican que el 75% de los islandeses van a votar contra el pago de la deuda que le dejaron al Estado sus bancos en quiebra (¡por un 50% del PBI!), en un referendo que se hace en pocos días más.
Para subirnos a la lucha internacional que genera esta crisis mundial debemos dejar los estrados judiciales (y por sobre todo la alianza con lobbystas reconocidos de los pulpos automotrices y la industria sojera, como Jez y Binner, respectivamente) y meterle pata a la acción directa para abolir la deuda externa de todos los países dependientes.
A fuerza de trasladar el asunto a la esfera moral, Pino corre el riesgo de caer él mismo en ese pozo, toda vez que está empeñado en una alianza con sectores políticos que reivindican el reconocimiento integral de la deuda pública. Si llegara con ellos al gobierno acabaría enfrentándose al reclamo de que se presente ante la justicia para explicar por qué está pagando una deuda usurera.

Jorge Altamira