La investigación de la deuda es una distraccion politica del centroizquierdismo

Comprometido con los gobiernos que la contrajeron y refinanciaron
De la dictadura a la democracia, del neoliberalismo al nacionalismo, un hilo conductor recorrió a todos los regímenes y gobiernos de las últimas cuatro décadas: la malversación del presupuesto y de la economía nacional en favor del capital financiero, a través de la deuda externa.
Bajo la dictadura, Martínez de Hoz y su "programador" Walter Klein, un agente del Barclays, el Credit Lionnays y otros bancos, usaron a YPF y a otras empresas estatales para desatar un gigantesco operativo de endeudamiento, ejecutado bajo "regulación" del FMI. El Banco Central ni siquiera llevaba un registro integral de estas operaciones de deuda. Con similar furor, la burguesía nacional elevaba la carga de la deuda privada. Pero se trataba de "autopréstamos, con los cuales financiaban la fuga de capitales del país. En vísperas de la devaluación del peso, el Banco Central, bajo la dirección de Cavallo, les aseguró el tipo de cambio, lo que permitió que gran parte de la deuda privada se convirtiera en deuda pública. Como la deuda privada se había contraído con bancos y compañías de seguros que tenían garantías de los países europeos afiliados al Club de París, la deuda entre privados se convirtió en una deuda pública de Argentina con los gobiernos del Club de París
La democracia debutó con el reconocimiento integral de esta malversación, bajo el concepto general de continuidad jurídica del Estado. La democracia se convirtió en garante de los contratos suscriptos por la dictadura. La clase social que lucró con los militares convirtió a la democracia en su propio régimen político.
La incapacidad para pagar esta deuda impagable fue el pretexto del que se valieron Menem y Cavallo para canjearla por nueva deuda, ahora en bonos. Asimismo, los depósitos de los ahorristas argentinos en los bancos fueron convertidos también en bonos - lo que implicó una fuerte desvalorización de los ahorros (Plan Brady). Fue el antecedente del ‘corralito' y el ‘corralón' de 2001/2. Este paquete fue negociado en Punta del Este, en enero de 1990, entre Cavallo y John Reed, entonces presidente del Citibank. Catorce años más tarde, William Rhodes, también del Citi, llegaría a un arreglo con Lula para el pago de la deuda externa de Brasil, que dio luz verde al gobierno encabezado por el PT. Desde 1982, la deuda externa argentina no es otra cosa que una espiral formada por refinanciaciones de vencimientos determinada por la incapacidad de pago. Una suerte de Circular 1050, en referencia al sistema de crédito hipotecario implementado por la dictadura, que capitalizaba los intereses de las deudas por compra de viviendas, que terminaron superando varias veces el valor de la propiedad. A renglón seguido, el gobierno entregó las empresas estatales a cambio de títulos de deuda, a los cuales reconoció el ciento por ciento de su valor de emisión cuando en el mercado se había comprado a precios que oscilaban entre el 10 y el 25%. En el negociado entraron los bancos internacionales y, en especial, la burguesía nacional - con Techint, Pérez Companc, etc. Lo mismo ocurrió con la privatización de YPF, que fue comprada con deuda por parte de Repsol, que puso como garantía de pago los bienes de la petrolera estatal. Los K formaron la barra brava que apoyó este desfalco. Aun así, la deuda no bajó sino que creció con los nuevos préstamos requeridos por Menem-Cavallo para financiar el presupuesto y, por sobre todo, el enorme agujero que le dejó a la Anses la transferencia de los aportes jubilatorios a las AFJP. La privatización de las jubilaciones se financió con deuda pública. El matrimonio K celebraba estas realizaciones y las votaba en el Congreso con las dos manos. En 1994, una Convención Constituyente, con la presencia de Alfonsín, Carrió, Chacho Alvarez y Pino Solanas; legitimaba estos atropellos y creaba su correlato institucional - los decretos de necesidad y urgencia.
Con De la Rúa, la "alianza" radical- frepasista reconoció los fraudes menemistas y luego convocó a su mentor, Cavallo, a organizar un megacanje para refinanciar, o sea con nuevas deudas, la mayor fuga de capitales de la historia, siempre en beneficio de los Techint, Arcor, Pérez Companc y otros. En las vísperas de la cesación de pagos del 2001, la deuda -pública y privada-equivalía a todo el producto bruto nacional. Se estima que el patrimonio de un país tiene un valor equivalente al de su PBI.
En las vísperas del ‘corralito', Cavallo y Redrado sacaron un seguro para las reservas del país con un consorcio encabezado por el Deustche Bank, a cambio de una jugosa prima. Cuando se produjo el ‘default', ese consorcio se negó a pagar el seguro, con el total acuerdo de las autoridades argentinas; para ofrecer una justificación para la ruptura del contrato por parte de ese consorcio, el Congreso argentino vitoreó la declaración oficial de ‘default' anunciada por Rodríguez Saa.
La deuda tiene también su lugar para los "nacionales y populares", que respaldaron desde sus posiciones oficiales todas las estafas mencionadas. Luego, el "canje" del 2005, incluidos los ajustes por inflación, estableció un valor para los títulos del orden del 60-65 de su precio de emisión, cuando en el mercado se cotizaban a 10 centavos, o sea un 90% abajo. Como la miel, el canje de los K atrajo los ‘fondos buitres' a Argentina. Después de las quitas y el default, el "gobierno del desendeudamiento" registra una deuda pública de 145.000 millones de dólares, lo mismo que contabilizaba De la Rúa antes del default. Pero una cifra similar suman los "activos de argentinos en el exterior", o sea, la fuga de capitales. A través de la deuda y de la dilapidación del superávit comercial, el estado ha financiado esa fuga.
La lista de fraudes tiene lugar para uno más: el que están urdiendo Kirchner y Bodou con los bonistas que no aceptaron el canje del 2005. El valor de la oferta oficial por estos bonos podría superar en un 50% a la de 2005, puesto que reconoce los intereses acumulados por estos títulos en los tres años que pasaron, e incluso el "ajuste" por crecimiento del PBI. Los bonos que ahora se cambiarán al 52% de su valor nominal fueron comprados por sus actuales tenedores a un valor "chatarra" del 25%, luego de que Kirchner y Lavagna hicieran votar la "ley cerrojo que prohibía cualquier nuevo canje de deuda. De esta derogación salen beneficiados de nuevo los fondos buitres y los ‘capitalistas amigos' - los Kirchner, Ezquenazi, López o Werthein, que están al tanto de lo que se cuece arriba.
Una clase social en el banquillo
La responsabilidad política y penal por el fraude de la deuda se extiende desde los Videla-Martínez de Hoz a los Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde o Kirchner. Se los podría condenar a prisión y a la pérdida de sus derechos políticos. ¿Pero esto resolvería la hipoteca ilevantable que representa la deuda pública, originada en la deuda externa, que ahora, además, empapela, en un 40%, las cajas fuertes de la Anses, Pami, Banco Nación y Banco Central - a costa de los jubilados, los contribuyentes y el poder adquisitivo del salario? De ninguna manera, judicializar la deuda pública es una maniobra de distracción para seguir pagando con el consuelo de que sus responsables podrían ir presos, lo cual es improbable porque han pasado los plazos de prescripción. No hay deuda legítima e ilegítima; toda ella es ilegítima y usuraria. Tampoco se trata simplemente de no pagar, porque el ahorro que se obtendría en este caso iría a parar al bolsillo de los capitalistas o a fugar capitales. Es necesario poner el no pago de la deuda externa al servicio de un plan de transformación social del país, para lo cual es necesario el gobierno de los trabajadores.
Lo "ilegítimo" y "fraudulento" es el proceso político y social que prohijó la deuda, o sea el régimen democrático burgués, con sus jueces inamovibles, sus políticos corruptos y sus fuerzas de represión al servicio del sostenimiento de semejante orden. Pero los que, como Solanas, piden investigar la deuda no quieren que se investigue a ‘su' democracia, la que legitimó la deuda y votó regularmente su pago. No quiere poner en cuestión el régimen político - es puro verso electoral- mucho menos el régimen social. Un proceso de confiscación social masivo, como es la deuda externa, cuestiona los fundamentos de los regímenes que lo amparó. Por eso a finales de la década de 1820 puso fin al régimen rivadaviano; en 1890 provocó la Revolución del Parque; en 1982 acabó con la dictadura; en 1989-91 llevó a los asaltos a supermercados; y en 2001 al argentinazo. Los tribunales o una comisión del Congreso son una suerte de noria para un problema que exige una salida de conjunto.




Marcelo Ramal-Jorge Altamira